“Al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad. La discapacidad aparece cuando yo dejo de estar en igualdad de oportunidades con el otro…”
Conocemos de maravilla la lucha por los derechos civiles y contra el racismo en Estados Unidos, sus heroínas, héroes e hitos. Y muy poco de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad (o diversidad funcional). En España está por escribir la historia, o mejor la gesta, de muchas personas, de sus padres y madres, de profesionales… por la causa de la inclusión y la dignidad de cualquier persona. Individualmente o creando hace no muchos años la mayoría de las organizaciones que conocemos.
Hoy las aguas del movimiento de la discapacidad están revueltas. Sanamente revueltas. Ya saben de mi obsesión por ensalzar la lucha por las causas y los derechos sobre la defensa vanidosa de las marcas, sobre todo si son de ONG. Permítanme una introducción antes de unas preguntas finales para las que no tengo respuesta.
La degradación insultante y planificada en las políticas de protección social de las personas está violando también los derechos de la mayoría de las personas con diversidad funcional, borrando los avances de los últimos 30 años. Lo grave es que este proceso acelerado de vejación, se ha unido a una desconfianza creciente de muchas de ellas hacia ONG o plataformas que dicen representarlas.
Como explica Daniel Comín en ¿Qué defendemos, Derechos o Dinero?, esta desconfianza es algo injusta en muchos casos. La incidencia política realizada desde organizaciones o federaciones como el CERMI es un referente sobre como conseguir avances legislativos y mejoras en la calidad de vida de las personas. Pero el propio Daniel apunta un peligro: “se han construido muchas cosas, pero eran edificios de barro y a la primera lluvia importante se han convertido en fango”.
Solo un momentito...
Hablemos de derechos
En ¿SOS Discapacidad o Juego de Tronos? introducen las razones de esta desconfianza, pero es en este artículo del blog “De retrones y hombres” donde se denuncia con claridad brutal el debate sobre el posibleapartheid en la discapacidad.
“Yo estoy a favor de la integración de los retrones (personas con discapacidad)pero:
a) que estudien en colegios propios
b) que se paguen ellos las medicinas y las prótesis
c) que no se junten con mi hijo
d) que trabajen en talleres donde hacen cosas inútiles
e) que vivan hasta los 40 con sus padres; y después con sus hermanos
f) que malvivan en cárceles llamadas residencias
g) que se casen entre ellos“
Este “pero” (al que añadiría otro: “que se queden en su casa”) es la clave.
Y supone la base de las denuncias por las múltiples violaciones de lo establecido en laConvención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, aprobada en el 2006 y ratificada por España un año después (les dejo una delicia de versión con pictogramas). Un hito histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas, estableciendo algo tan revolucionario como evidente: la discapacidad no está en las personas sino en un entorno que las perjudica y sobre el que es obligatorio intervenir.
Se van a reir, pero las leyes están para cumplirlas, ¿no?.
Pues la Convención también.
Y al empezar a exigirla se ha armado una bendita marimorena en la que hay que posicionarse y escoger entre causa y marca. Lo exigen las personas desde luego, pero también organismoscomo UNICEF y hasta ONG como las que forman la Campaña Mundial por la educaciónen base al artículo 24:
Con coherencia, el CERMI ha exigido que todos los alumnos con discapacidad estudien en centros ordinarios en 2020, eliminando los 481 centros de Educación Especial en los que aún se atiende a 32.000 alumnos, el 21,5% del total. No podrá hacerlo Daniel, a cuyos padres el Tribunal Constitucional ha negado la posibilidad de asistir a un colegio ordinario, en base al concepto de “ajuste razonable” que aparece en la Convención.
En base a este derecho algunas organizaciones de personas con síndrome de Down han llamado a la huelga y a la denuncia de la LOMCE (la famosa Ley Wert) por la exclusión de facto de miles de personas con discapacidad intelectual… y han cabreado de paso a otras ONG al sentirse interpeladas. Incluso se ha editado una guía con las pautas a seguir si segregan a su hijo obligándole a escolarizar en un centro específico…
Los ejemplos son multiples para exigir el fin de la discriminación y la participación e inclusión plenas y efectivas. La gran mayoría pasan por eliminar la palabra “especial“: En el trabajo, el acceso a la justicia, la participación politica, la salud, la vivienda, el sexo…
En el transporte, donde Anxela, una persona con parálisis cerebral (ya ven, reclama derechos, no está condenada a recoger tapones) ha ganado un pleito al ayuntamiento de Santiago para que el bus urbano sea accesible. Quizá no sean necesarias tantas furgonetas “especiales“.
En la libertad de desplazamiento y la accesibilidad, de la misma forma que para subir de la calle a mi casa tengo escaleras y ascensor y no una cuerda para descolgarme por la ventana.
En el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad(Art.19) Les pido que lean este artículo porque aquí tienen el conflicto servido, “…Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta…”
El modelo de residencia para personas con discapacidad se opone frontalmente a otros como laasistencia personal o las Oficinas de Vida Independiente (OVI) que denuncian con virulencia que se está condenando a miles de personas a vivir en una práctica e innecesaria reclusión.
Hablemos de dinero
¿Qué es más barato: mantener una residencia para personas con discapacidad o financiar un servicio de asistencia personal?
En este estudio del Foro de Vida Independiente en el 2011 estimaron en 4497,3 euros al mes de coste medio por persona en un centro residencial frente a los 2483,94 euros al mes de asistencia personal en la Oficina de Vida Independiente (OVI)de Barcelona (con un promedio de 7 horas/día).
En el reciente artículo “Cumplir los derechos humanos es (además) una buena inversión“, actualizan estos cálculos: “El asistente personal sin copago cuesta unos 1300€ por mes para una persona con dependencia de grado II, mientras que una residencia con copago cuesta al estado unos 2000€ por mes; 3000€ sin copago. En el caso de una persona con grado III, un asistente cuesta 2500€ al mes, una residencia con copago 2300€ y una residencia sin copago 3700€”.
Tengo mis reservas sobre algunos cálculos de estos estudios, pero me constan informes de organizaciones de discapacidad en las que demuestran que el coste de trabajar por la inclusión de las personas con recursos comunitarios ya existentes (es decir, vivir en sus casas, tomar el bus urbano, trabajar en una empresa normal y corriente, hacer su comida, etc…) no supera el 20% de lo que costaría tener a estas mismas personas en una residencia.
Estamos hablando de millones de euros, de miles de puestos de trabajo de profesionales y directivos, de acusaciones a empresas de querer lucrarse con los servicios sociales…
Permítanme acabar con tres preguntas que se hacen muchas personas y para las que no tengo respuesta.
¿Hay resistencias a cambiar un modelo basado en el ladrillo y no tanto en las personas?
¿Estas resistencias, intereses económicos, vanidad o sencillamente la inercia están violando los derechos de miles de personas con discapacidad encerrándolas e impidiendoles a posta, sobre todo en el ámbito rural, una vida digna y de acuerdo con la legislación vigente?
¿El miedo o la pereza para enfrentar esta posible discriminación implica una nefasta gestión de los recursos públicos cuando no un delito, perjudicando a muchas personas con elevada dependencia que si precisarían ayuda?
No se rindan nunca
No nos pidan calma (Facebook)
